viernes, 3 de diciembre de 2010

Demanda contra la BP

Un grupo de ciudadanos de diversas nacionalidades ha presentado una denuncia, ante la Corte Constitucional del Ecuador, contra la British Petroleum. No es la primera vez que se denuncia a una petrolera por malas prácticas. Ni tampoco sería la primera vez que una de ellas denuncia a un gobierno por causas diversas. Para hacerse una idea de la desproporción entre estos demandantes y sus denunciados, los ingresos en 2005 de la Shell ascendieron a 306.000 millones de dólares mientras que el Producto Interno Bruto de Nicaragua era de 4.900 millones. Como es sabido, sólo en la Biblia David pudo con Goliat. Lo habitual es lo contrario. Sin embargo esta demanda en la dirección bíblica tiene interés porque, suceda lo que suceda desde su admisión a trámite al eventual fallo, el triunfo es que ya se haya presentado.
Se trata de una demanda presentada el 26 de noviembre por Vandana Shiva, india, y Nnimmo Bassey, nigeriano, Diana Murcia, colombiana, Ana Luz Valadez, mexicana, y diversos ciudadanos ecuatorianos entre los cuales está Alberto Acosta que presidió la Asamblea Constituyente después de haber sido ministro de Energía y Minas. El motivo es la violación de los Derechos de la Naturaleza perpetrada por la BP en el Golfo de México a partir del hundimiento de la plataforma Deep Water acaecido el 20 de abril pasado.
Los juristas seguro que encuentran fallos en esta demanda, pero ahí precisamente reside la fortaleza y carácter innovador de este texto cuyos firmantes reaccionan en pro de la descolonización del pensamiento jurídico y en contra de la tendencia habitual del sistema internacional de derechos a proteger los intereses de las multinacionales. Los demandantes parten de que el principio de jurisdicción universal que se aplica a los Derechos Humanos, con más razón debe aplicarse a los delitos contra la humanidad y, todavía con más razón, a los delitos contra la Naturaleza.
Los hechos son conocidos y ya hice alguna referencia aquí (el 14 de julio, para ser exactos). Se trataba de una explotación de alto riesgo, cosa conocida por la empresa que ya había producido otros derrames parecidos en el Brasil en 2001 o en el mar de Timor en 2009. Sin embargo, la empresa desestimó el riesgo, actuó de manera temeraria (estoy citando textualmente de la demanda), ignorando el hábitat en que actuaba y procurando paliar los efectos del derrame con dispersantes cuyos efectos sobre la vida acuática no acaban de estar claros pero son, en todo caso, nefastos. Para completar el cuadro, la empresa, que había llevado a cabo los pertinentes lobbies previamente que le permitieron algunas irregularidades en su licencia, bloqueó la posibilidad de observaciones independientes, pero es reconocido que el impacto sobre plantas y animales ha sido devastador. La cadena de efectos es imprevisible.
Los demandantes aducen, para presentar la demanda, no sólo que han sido dañados, como especie humana, por tales malas prácticas sino que las tales son perseguibles basados en la Constitución del país, la más ambientalista del mundo, que reconoce los Derechos de la Naturaleza (respeto integral a su existencia, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales) y que los derechos consagrados en dicha Constitución son de inmediato cumplimiento y aplicación, “por lo que no se requiere que exista una ley que reconozca la jurisdicción universal en el derecho interno ya que sobre este principio se asienta el repudio contra los crímenes que ofenden la conciencia de la humanidad”.
No piden una reparación monetaria. Piden que la empresa se abstenga de continuar ese tipo de explotación tan arriesgada, que proporcione información sobre lo sucedido (dispersantes, instituciones científicas, detalles ocultados del desastre) y suspenda el uso de los dispersantes agresivos para el ambiente y la vida. En general, se defienden los Derechos de la Naturaleza reconocidos por su Constitución.
Como ya indiqué en su día, lo sucedido en el Golfo de México, no es un simple accidente ni es un hecho aislado. Tiene que ver con la creciente dificultad para extraer petróleo en momentos en que tal vez se esté alcanzando el “pico” del mismo, el momento en el que el aumento del consumo ya se hace a costa de las reservas y cuya extracción se hace más cara y, por tanto, se abarata en personal y seguridad.
Como dicen los denunciantes, “esta demanda es un reto para la descolonización del pensamiento jurídico y presenta también un reto cognitivo profundo al reconocer derechos a todos los seres vivos, empezando por la Madre Tierra. Es un llamado a recuperar la racionalidad en la justicia”. Efectivamente, queda mucho por hacer.
(Publicado el pasado miércoles en el diario Información -Alicante-, corrigiendo los errores con que se publicó ahí y en otros medios)

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